También compromete a una reforma del Código Penal, de manera que la financiación irregular esté tipificada como delito y tenga su propia pena, y a la exclusión de la corrupción política del debate político para que la corrupción no sea utilizada como un arma política y todos los casos sean tratados por igual. Esta propuesta incluye además un sistema de control económico en los partidos orientado a la transparencia: declaración pública del patrimonio, control de las cuentas de los partidos e instituciones, transparencia de financiación de los partidos políticos y fundaciones y la regulación de las donaciones y limitación del gasto electoral.